POR QUÉ UN AGENTE DE IA NO PUEDE SER FUNCIONARIO PÚBLICO Y CÓMO LA MALA INTERPRETACIÓN PUEDE AFECTAR A TODA LA SOCIEDAD.

El crecimiento explosivo de la inteligencia artificial alimentó fantasías sobre su rol en el Estado. Sin embargo, imaginar a un agente de IA ocupando un cargo público no solo es irreal: puede ser peligroso. La primera razón es básica y jurídica: un funcionario debe ser una persona humana. El derecho administrativo —en Argentina y en cualquier país con legislación moderna— exige capacidad civil, responsabilidad penal y un marco de deberes éticos que solo pueden recaer sobre individuos de carne y hueso.

¿Qué dice la ley?

La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decr.-Ley 6769/58) está pensada sobre un esquema clásico:

• Intendente, concejales, secretarios, directores, “personal municipal”.
• Todos esos roles se conectan con la Constitución de la Provincia, que regula ciudadanía, vecindad, capacidad para elegir y ser elegido, responsabilidad política.

La doctrina argentina es unánime en algo clave:

el órgano público (Secretaría, Dirección, etc.) es una estructura jurídica que actúa a través de una persona física, el funcionario o agente.

Y en las definiciones clásicas de funcionario / empleado público se repite la idea:

“toda persona que realice o contribuya a realizar funciones esenciales y específicas de la Administración Pública” – y “persona” acá no es metafórico, es persona humana.

Además, para que exista acto administrativo válido, la doctrina exige:

• Órgano competente
• Persona física investida que emite el acto
• Voluntad, responsabilidad y posibilidad de sanción/juicio.

Una IA hoy en Argentina:

• No tiene personería jurídica propia.
• No puede tomar juramento, ni responder penal, civil o administrativamente.
• No puede tener derechos laborales, ni estar alcanzada por los regímenes de empleo público.

Conclusión jurídica dura:
Nombrar “a la IA X” como Directora de Modernización o similar sería, en términos técnicos, un acto nulo de nulidad absoluta por tener un objeto jurídicamente imposible (el cargo exige una persona, vos le “das” el cargo a algo que no es sujeto de derecho).

Cuando se promueve la idea de que una IA podría “gobernar”, “firmar resoluciones” o “ejercer autoridad”, se induce una lectura distorsionada del funcionamiento del Estado. Esa confusión pública erosiona la confianza en las instituciones y alimenta expectativas imposibles: una máquina no vota, no rinde cuentas y no puede ser removida por juicio político.

Además, el aspecto legal es contundente. Un nombramiento de este tipo tendría problemas de raíz:

1. Falta de capacidad jurídica
Un agente de IA no puede asumir obligaciones ni derechos. No puede ser demandado, no puede emitir actos administrativos y no puede responder con patrimonio propio ante daños. Todo acto firmado “por una IA” sería nulo.

2. Responsabilidad penal y administrativa inexistente
Los funcionarios pueden ser investigados, sancionados o destituidos. Una IA no tiene imputabilidad. Si una decisión tomada por un algoritmo afecta a un ciudadano, ¿quién responde? ¿El programador? ¿El organismo que la usa? Esa cadena de responsabilidades rompe cualquier lógica institucional.

3. Falta de legitimidad democrática
Los cargos públicos se sostienen en un principio básico: las decisiones deben surgir de personas elegidas o designadas bajo sistemas que garanticen control político. Una IA no puede ser electa ni representar intereses colectivos. Su “criterio” depende del entrenamiento que recibió, no de la voluntad popular.

4. Riesgo de manipulación y captura del sistema
Una IA puede ser entrenada con sesgos, manipulada con datos incorrectos o vulnerada por actores externos. Darle apariencia de autoridad estatal amplifica riesgos de desinformación y abuso.

5. Violación del principio de transparencia
Cualquier ciudadano puede exigir explicaciones a un funcionario. Una IA opera con modelos opacos, decisiones automatizadas y procesos difíciles de auditar. Eso contradice el acceso a la información pública.

Por eso, insistir en que una inteligencia artificial podría “ocupar un cargo” genera expectativas dañinas y confunde a la sociedad respecto de cómo funciona el Estado. La IA puede ser una herramienta, poderosa, útil y transformadora. Pero jamás un sujeto político.

La interpretación equivocada no es solo un error conceptual: es una amenaza real para la responsabilidad democrática y el funcionamiento institucional. El futuro puede ser tecnológico, sí, pero siempre con personas al frente de la toma de decisiones —no algoritmos sin identidad, sin voto y sin responsabilidad.