EL MITO DEL “50% DE LA TIERRA EN MANOS EXTRANJERAS”: LA OPERACIÓN POLÍTICA PARA DEFENDER LA LEY DE TIERRAS
Cada vez que se reactiva el debate sobre inversiones, producción o seguridad jurídica, reaparece el mismo eslogan: “el 50% de la tierra es extranjera”. El dato impacta, genera alarma y cumple su función política. El problema es que no es verdadero.
La cifra no surge de registros oficiales confiables ni del relevamiento real de la propiedad rural en Argentina. Se trata de una construcción discursiva que mezcla conceptos distintos —tierra productiva, superficie total, zonas improductivas, áreas protegidas— para inflar artificialmente un número que no resiste un análisis serio.
Cómo se construyó la operación
La estrategia comunicacional fue clara: repetir una consigna simple, emocional y difícil de chequear en el corto plazo. Medios afines al kirchnerismo, dirigentes sociales y referentes académicos alineados amplificaron el mensaje sin distinguir entre hectáreas rurales efectivamente productivas y extensiones sin valor agrícola o económico.
El objetivo no fue informar, sino instalar miedo. Miedo a la inversión, a la apertura y al capital privado. Un clima funcional para justificar regulaciones más duras y un Estado con poder discrecional sobre la tierra.
La Ley de Tierras como trasfondo
Ese relato fue clave para blindar la Ley de Tierras sancionada durante el kirchnerismo, una norma restrictiva que limita la compra de tierras por parte de extranjeros y otorga al Estado amplias facultades de control. Una ley impulsada y defendida con fuerza por Juan Grabois y los sectores más ideologizados del oficialismo de entonces.
Bajo el discurso de la “soberanía”, la norma terminó funcionando como una barrera para inversiones productivas, sin resolver ninguno de los problemas estructurales del agro ni del acceso a la tierra. No mejoró la producción, no bajó precios, no fortaleció economías regionales. Solo aumentó la discrecionalidad política.
La mentira detrás del número
Los datos oficiales disponibles muestran que la proporción de tierras rurales en manos extranjeras está muy lejos del 50%. Incluso tomando los cálculos más amplios, el porcentaje real es sensiblemente menor y se concentra en zonas marginales, de baja productividad o con restricciones naturales severas.
Pero el número inflado cumple su función: legitimar un relato donde el capital privado es sospechoso y el Estado aparece como único garante del “interés nacional”. Un esquema conocido, que ya fracasó en otros sectores de la economía.
Quién gana con esta narrativa
Ganan los sectores que necesitan un enemigo externo para justificar controles internos. Gana la política que desconfía de la inversión y prefiere administrar escasez antes que promover crecimiento. Y pierden los productores, las economías regionales y el país, que sigue atrapado en debates ideológicos mientras el mundo compite por capital y tecnología.
El mito del 50% no busca describir la realidad. Busca condicionarla. Y como toda operación política basada en datos falsos, termina erosionando la confianza y el desarrollo a largo plazo.