GOBIERNO APRUEBA PRÉSTAMO DE USD 400 MILLONES CON LA CAF PARA “FORTALECER” EL SISTEMA ELÉCTRICO.
El Gobierno nacional aprobó la toma de un nuevo préstamo con la CAF, entidad multilateral de la que participan varios países latinoamericanos, por 400 millones de dólares para financiar el llamado “Programa de Enfoque Sectorial Amplio (SWAP) de Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético”.
La operación se decidió luego de apagones que afectaron a casi un millón de usuarios, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires hacia finales de 2025 y comienzos de 2026.
Según la normativa oficial, los fondos no se orientan a una obra específica, sino a un paquete de medidas que contempla cuatro ejes principales:
- Fortalecimiento del marco regulatorio e institucional del sector.
- Mejoras en la focalización de subsidios energéticos hacia hogares vulnerables.
- Promoción de la eficiencia en el uso de recursos.
- Rubros complementarios vinculados a gestión y modernización sectorial.
POLÍTICA DE SUBSIDIOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
El programa apunta a redefinir los instrumentos de subsidio energético para concentrar ayuda en sectores vulnerables y reducir transferencias generalizadas, en sintonía con las reformas económicas que impulsa la administración nacional.
También prevé el desarrollo de sistemas de información y procesos administrativos para identificar con mayor precisión a los beneficiarios de las políticas de subsidios.
Desde el Banco Central estiman que el impacto del préstamo en la balanza de pagos será limitado y que las condiciones financieras de la operación son más favorables que las de mercado.
CONTEXTO Y CRÍTICAS
El acuerdo con la CAF se enmarca en un incremento de la deuda externa argentina con organismos multilaterales, en un momento en que la economía enfrenta restricciones de reservas y necesidad de financiamiento para sostener el gasto público.
Distintos analistas y sectores críticos señalan que, aunque formalmente el crédito está destinado al mejor funcionamiento del sistema energético, parte de los fondos terminan engrosando las reservas del Banco Central, más que financiar obras o inversiones puntuales en infraestructura.
La medida también coincide con ajustes en la política de subsidios tarifarios que han generado impacto en los bolsillos de los usuarios y controversias en la discusión pública sobre quiénes pagan por el costo real de la energía y cómo se protege a los sectores vulnerables
