CASO BASTIÁN: PROHÍBEN VEHÍCULOS 4X4 Y UTV EN LA FRONTERA DE PINAMAR TRAS UN ACCIDENTE EVITABLE.

El caso de Bastián marcó un antes y un después en la discusión sobre el uso de vehículos motorizados en playas y médanos. Tras el hecho, se resolvió prohibir el ingreso y circulación de camionetas 4×4, UTV y otros rodados similares en la zona conocida como La Frontera, un sector históricamente utilizado para este tipo de prácticas.

Durante años, la convivencia entre peatones, familias y vehículos de gran porte se sostuvo bajo una lógica de permisividad y controles laxos. La tragedia dejó al descubierto las consecuencias de esa combinación: actividades recreativas sin regulación clara, ausencia de fiscalización constante y riesgos evidentes para quienes transitan la zona.

La medida busca ordenar un espacio público que, en la práctica, había quedado capturado por usos informales y peligrosos. No se trata solo de una restricción puntual, sino de un cambio de criterio frente a una situación que había sido naturalizada pese a los antecedentes y advertencias.

El caso también expone una falla estructural: la reacción estatal llega después del daño. La prohibición aparece como respuesta a una muerte que, con controles adecuados y decisiones previas, podría haberse evitado. Esa secuencia se repite con frecuencia en distintos ámbitos, donde el Estado interviene tarde y a los empujones de la tragedia.

Más allá del impacto inmediato, la decisión abre una discusión más amplia sobre cómo se gestionan los espacios públicos, qué actividades se permiten y bajo qué reglas. La seguridad, en este caso, dejó de ser una recomendación para convertirse en una obligación impostergable.