LEY 12.908: CUANDO EL “PERIODISMO MILITANTE” DESCUBRE QUE NO TODO ES IMPUNIDAD.

El Estatuto no es un salvoconducto: es una ley laboral (y eso importa)

Para entender cómo se va a usar políticamente cualquier “modificación” (o la derogación lisa y llana), primero hay que poner las cosas en su lugar: la Ley 12.908 no es una patente de corso para decir cualquier cosa. Es, ante todo, un estatuto de relación laboral.

Sí, incluye principios fuertes: por ejemplo, sostiene que no puede negarse o retirarse el carnet por opiniones expresadas (art. 5), y reconoce el acceso a fuentes de información de interés público (art. 13).
Pero eso no elimina responsabilidades: si un comunicador difama, inventa hechos o lanza acusaciones sin sustento, ese debate cae en otros planos (ética profesional, derecho a réplica, responsabilidad civil/penal según corresponda), no en un artículo del Estatuto pensado para el carnet profesional y la protección laboral. Confundirlo —a propósito— es parte del truco.

El periodista militante y el uso del “escudo”

En la Argentina de la grieta, una parte del ecosistema mediático hizo del “periodismo de trinchera” un modelo: alineamiento partidario, relato cerrado y, muchas veces, sustitución del dato por la consigna. Ese formato necesita un escudo discursivo: cuando se le pide rigor, responde “me atacan por pensar”; cuando se le pide evidencia, responde “me quieren silenciar”.

Y ahí aparece la tentación de usar la discusión sobre la 12.908 como paraguas para todo:

• Si se deroga o se toca, se denuncia “censura”.
• Si se reclama profesionalismo, se lo interpreta como persecución.
• Si se exhibe una falsedad, se corre el eje a “libertad de expresión”.

Es una jugada conocida: mover la conversación desde la calidad de lo dicho hacia el derecho a decirlo. La democracia protege el derecho a expresarse; el periodismo, además, debería sostener el deber de verificar.

¿Qué cambia con la “modificación” que circula en internet?

Lo que hoy está sobre la mesa, según lo publicado en medios y portales legislativos, no es una “actualización fina” del Estatuto sino su derogación dentro del paquete de reforma laboral enviado a fines de 2025, donde la Ley 12.908 aparece listada entre las normas a eliminar.

Esa decisión abre dos lecturas simultáneas:

1. La discusión legítima: si una norma de 1946 requiere adaptación al mapa laboral actual (redacciones más chicas, plataformas digitales, freelance, multitrabajo). Incluso FOPEA planteó la necesidad de debate y actualización, advirtiendo que derogarla sería un retroceso.
2. La utilización política: la derogación total se presta a una polarización útil para los extremos. Unos la venderán como “terminar privilegios”; otros como “fin del periodismo”. En el medio queda lo esencial: sin reglas claras, el trabajador se precariza; y sin estándares profesionales, el público pierde.

La paradoja: la ley que separa periodismo de propaganda

Hay un detalle que suele quedar fuera del debate público y vale oro: el Estatuto, en su definición, no abraza la propaganda. La línea es explícita en el artículo 2: no considera periodistas profesionales a quienes redactan con fines de propaganda ideológica, política o gremial sin sueldo.

En términos culturales, esa frase es una bomba. Porque interpela a un actor que en los últimos años quiso ocupar ambos lugares a la vez: militante cuando conviene, periodista cuando necesita legitimidad.

Por eso, si el Estatuto se cae o se licúa, el “periodista militante” no pierde solamente un marco laboral: gana una excusa perfecta para victimizarse sin el contrapeso simbólico que la propia ley le imponía al diferenciar oficio de propaganda.

Lo que viene: más ruido, más victimismo y menos discusión de fondo

Si la derogación avanza, el debate público corre el riesgo de degradarse a un intercambio de slogans. Y ahí es donde algunos van a “usar la modificación para escudo”: no para defender al periodista que investiga y trabaja, sino para blindar a los que confunden micrófono con barricada.

La salida no es romantizar el pasado ni dinamitar derechos por deporte. La salida es más simple (y más incómoda): reglas laborales modernas + estándares profesionales exigentes. Porque la libertad de expresión no se negocia, pero la mentira tampoco puede pasar por periodismo sin costo reputacional.