A PULLARO SE LE PRENDE FUEGO LA POLÍCIA PROVINCIAL.
La tensión entre el gobierno de Santa Fe y sectores de la Policía provincial se intensificó tras nuevas protestas impulsadas por efectivos que reclaman mejoras salariales y condiciones laborales. Desde los uniformados denunciaron la inexistencia de canales de diálogo efectivos y cuestionaron la respuesta oficial.
Lejos de abrir una instancia de negociación visible, el Gobierno de Santa Fe resolvió aplicar sanciones administrativas a los policías que participaron de las manifestaciones, bajo el argumento de incumplimientos disciplinarios. La decisión fue interpretada por los manifestantes como un intento de disciplinamiento antes que de resolución del conflicto.
El reclamo se da en un marco delicado: las fuerzas de seguridad tienen restricciones legales para realizar protestas, pero al mismo tiempo arrastran atrasos salariales y una fuerte presión operativa en una provincia atravesada por problemas estructurales de violencia y narcocriminalidad. Esa combinación vuelve explosivo cualquier error de manejo político.
La falta de una estrategia clara para canalizar el conflicto expone una debilidad clásica del Estado provincial: exigir orden sin ofrecer previsibilidad ni reconocimiento institucional a quienes deben garantizar la seguridad cotidiana. El uso exclusivo de sanciones, sin una mesa de diálogo sólida, corre el riesgo de agravar el clima interno y afectar el funcionamiento de la fuerza.
En un contexto donde la autoridad se construye con reglas claras y liderazgo, el conflicto santafesino vuelve a mostrar los costos de la improvisación política y la dificultad del poder para gestionar tensiones reales sin recurrir únicamente al castigo.