ESTADOS UNIDOS EXIGE A VENEZUELA AVANZAR EN INVESTIGACIONES CONTRA “NICOLASITO” Y OTROS LÍDERES CHAVISTAS.
El gobierno de Donald Trump intensificó su presión sobre el régimen de Venezuela con una solicitud pública: que las autoridades venezolanas cooperen con las investigaciones judiciales que pesan sobre el hijo de Nicolás Maduro y otros ocho altos funcionarios vinculados al chavismo. La demanda formal se produce en medio de un reordenamiento político profundo tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos y la transición de poder en Caracas.
Según fuentes que replican la información oficial, la Casa Blanca exhortó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a avanzar con investigaciones, compartir evidencia y colaborar con la justicia estadounidense en casos que incluyen delitos graves como lavado de dinero y narcotráfico. Entre los nombres mencionados se encuentran figuras como el empresario Alex Saab y el empresario venezolano Raúl Gorrín, señalados por Washington en diversas causas penales relacionadas con el entramado de corrupción y negocios ilícitos del régimen.
La solicitud se produce en un contexto inédito: tras la captura del líder chavista en enero y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales —una situación que ha tensado profundamente las relaciones bilaterales— Washington busca consolidar avances judiciales que trasciendan la detención puntual de Maduro.
La presión judicial estadounidense se cruza con un escenario interno venezolano en plena reconfiguración. En los últimos días, la Asamblea Nacional aprobó una ley de amnistía para presos políticos que busca liberar a cientos de detenidos por razones políticas desde 1999, aunque excluye a quienes estén acusados de delitos graves como narcotráfico o violaciones de derechos humanos.
Ese cambio legal ocurre mientras sectores de la oposición venezolana y organizaciones de derechos humanos observan con atención cómo se implementan estas normativas en la práctica, y cómo se compatibilizan con las demandas de cooperación internacional exigidas por Estados Unidos.
Además, la posición internacional se divide. Países como Brasil han expresado que cualquier juicio contra Maduro —o sus colaboradores— debería ocurrir dentro de Venezuela y no en tribunales extranjeros, cuestionando las implicancias para la soberanía regional.
La solicitud estadounidense no es simplemente legal, sino geopolítica: intenta dar legitimidad a un proceso judicial frente a un poder chavista que ha sido acusado repetidamente por Washington de crímenes de narcotráfico y corrupción. La cooperación efectiva de Caracas podría marcar un nuevo capítulo en la relación bilateral, con implicaciones para sanciones económicas, la industria petrolera y las posibilidades de normalización política.