DE LOS DERECHOS HUMANOS AL ESCÁNDALO: DE “SUEÑOS COMPARTIDOS” A “SUEÑOS REPARTIDOS”.
La Asociación Madres de Plaza de Mayo, conducida durante años por Hebe de Bonafini, logró construir un capital simbólico difícil de cuestionar en la vida pública argentina. Ese reconocimiento fue clave para acceder a financiamiento estatal en el marco de políticas impulsadas durante el kirchnerismo, particularmente en programas de vivienda.
En ese contexto surgió el plan “Sueños Compartidos”, ejecutado junto a Sergio Schoklender, quien ocupaba un rol central en la administración de los fondos. La iniciativa prometía la construcción de viviendas sociales, pero rápidamente comenzaron a detectarse irregularidades: desvío de recursos, falta de rendición y estructuras administrativas poco transparentes.
El vínculo entre Bonafini y Schoklender se convirtió en el eje del escándalo. La confianza depositada en su figura, sin mecanismos adecuados de control, derivó en una concentración de decisiones que terminó siendo funcional a maniobras investigadas por la Justicia como parte de una presunta asociación ilícita.
Más allá de las responsabilidades judiciales individuales, el caso dejó al descubierto un fenómeno más amplio: cómo el sesgo cognitivo —en este caso, la validación automática de determinadas figuras por su trayectoria— puede generar zonas de impunidad. Cuando el prestigio reemplaza al control, el riesgo institucional se multiplica.
El respaldo político y la falta de auditorías rigurosas durante años permitieron que el programa creciera sin supervisión efectiva. La combinación entre relato, legitimidad simbólica y recursos públicos configuró un escenario donde las alertas fueron ignoradas hasta que el problema se volvió inocultable.
“Sueños Compartidos” no sólo representó un escándalo judicial, sino también un punto de inflexión en la discusión sobre el uso político de los derechos humanos y la necesidad de separar causas legítimas de estructuras de gestión que deben rendir cuentas como cualquier otra.
El caso deja una lección incómoda pero necesaria: ninguna construcción simbólica, por más legitimidad histórica que tenga, puede estar por encima de la transparencia. Cuando eso ocurre, el resultado no es memoria ni justicia, sino desorden y pérdida de confianza pública.