A CUATRO AÑOS DE LA PROHIBICIÓN DEL SALMÓN, CRECEN LAS CRÍTICAS POR EL IMPACTO ECONÓMICO
A cuatro años de la sanción de la ley que prohibió la salmonicultura en Tierra del Fuego —la primera de este tipo en el mundo— el debate entre ecologismo e intereses productivos sigue más vigente que nunca. La norma fue impulsada por ONGs ambientalistas, celebrada internacionalmente como un logro ecológico, pero cuestionada dentro del país por sus consecuencias económicas y geopolíticas.
Desde el sector pesquero y empresarial afirman que se perdió una oportunidad de generar miles de puestos de trabajo y divisas para el país, en un contexto donde el desarrollo económico es urgente. Argumentan que la salmonicultura podía desarrollarse de manera controlada y moderna, como ya ocurre en Noruega o Chile.
Por otro lado, las ONGs que impulsaron la ley sostienen que la instalación de salmoneras habría generado un impacto ambiental devastador en un ecosistema frágil como el canal Beagle. También denuncian que detrás del impulso productivo hay intereses extranjeros vinculados al negocio del salmón y la destrucción de ecosistemas nativos.
Un punto clave del debate actual es si la decisión fue realmente soberana o si fue presionada por organismos internacionales y fundaciones extranjeras con agendas propias. El presidente Javier Milei y su entorno han mencionado la posibilidad de revisar regulaciones de este tipo que impiden el desarrollo económico del país. No obstante, no hay por ahora un proyecto formal para derogar la ley.
En resumen, el caso sigue abierto: para algunos fue un avance ambiental histórico, para otros, un error estratégico que frenó el potencial productivo de la Patagonia.