ARRANCAN LAS PRIVATIZACIONES DE LA LEY BASES: EL GOBIERNO AVANZA CON LA VENTA DE SUS ACCIONES DE AYSA.
El Gobierno nacional comenzó a activar el esquema de privatizaciones contemplado en la Ley Bases y se prepara para avanzar con la venta de las acciones que el Estado posee en AYSA, la empresa encargada del servicio de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El Ejecutivo trabaja en los aspectos técnicos y legales necesarios para concretar la operación, que forma parte de una estrategia más amplia orientada a reducir la participación estatal en empresas públicas y a ordenar las cuentas fiscales. AYSA aparece entre las primeras compañías alcanzadas por este proceso.
La iniciativa se apoya en la idea de que el Estado debe concentrarse en funciones esenciales y dejar en manos del sector privado aquellas actividades que pueden ser gestionadas con mayor eficiencia. En ese marco, la venta de acciones no implicaría necesariamente un retiro total del control público, sino una redefinición del rol estatal.
Desde el Gobierno sostienen que el esquema apunta a mejorar la calidad del servicio, fomentar inversiones y terminar con un modelo que, durante años, requirió fuertes transferencias de recursos públicos para sostener el funcionamiento de la empresa. La privatización parcial aparece como una herramienta para aliviar el gasto y atraer capital.
La nota remarca que el proceso no será inmediato y que deberá cumplir con etapas formales, incluyendo valuaciones, definición del mecanismo de venta y eventuales controles regulatorios. Además, se anticipa un fuerte debate político y sindical, dado el carácter sensible del servicio que presta AYSA.
El inicio de este proceso representa uno de los movimientos más relevantes desde la sanción de la Ley Bases y funciona como una señal clara del rumbo económico del Gobierno: menos Estado empresario y mayor protagonismo del sector privado.
En síntesis, la venta de las acciones de AYSA marca el comienzo efectivo de las privatizaciones previstas por la ley y abre una nueva etapa en la política económica, con impactos que se seguirán de cerca tanto en el plano fiscal como en la prestación de servicios públicos.