EL GOBIERNO PROMULGÓ EL RÉGIMEN PENAL JUVENIL Y BAJA LA EDAD DE IMPUTABILIDAD A 14 AÑOS.
El nuevo régimen establece un sistema penal diferenciado para adolescentes que cometan delitos, con procedimientos específicos y un esquema de sanciones adaptado a la edad y a las circunstancias de cada caso.
Uno de los puntos centrales de la ley es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasa de 16 a 14 años para determinados delitos graves. El objetivo, según los impulsores de la reforma, es cerrar un vacío legal que durante años generó fuertes cuestionamientos sociales frente a hechos delictivos protagonizados por menores que quedaban fuera del sistema penal.
La iniciativa había sido aprobada en el Senado con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, luego de haber obtenido previamente media sanción en la Cámara de Diputados.
Desde sectores de la oposición, especialmente del peronismo, surgieron críticas centradas en el enfoque punitivo de la reforma y en la falta de financiamiento suficiente para que las provincias puedan adaptar su infraestructura judicial y penitenciaria al nuevo sistema.
El debate también expuso una discusión más amplia sobre cómo enfrentar el crecimiento de delitos cometidos por jóvenes y el límite entre las políticas de contención social y la necesidad de garantizar que los delitos tengan consecuencias dentro del sistema judicial.
Con la promulgación, el Gobierno abre ahora una nueva etapa: la reglamentación y la implementación del régimen en todo el país, un proceso que exigirá coordinación con las provincias, responsables de buena parte de la estructura judicial y de los institutos de menores.
En el plano político, la reforma marca uno de los cambios más relevantes en el sistema penal juvenil argentino de las últimas décadas y vuelve a instalar un debate que durante años había quedado bloqueado en el Congreso.