EL SINDICALISMO ARGENTINO Y EL PODER PERPETUO: ENTRE LA REPRESENTACIÓN Y EL PRIVILEGIO.
El sindicalismo argentino surgió con una misión clara: equilibrar la relación entre capital y trabajo. Sin embargo, con el correr de los años y especialmente bajo el paraguas del poder político peronista, muchas estructuras gremiales se consolidaron como engranajes permanentes del sistema de poder.
La metáfora del “engranaje oxidado” describe una estructura que ya no impulsa cambios, sino que preserva su propio funcionamiento. En lugar de renovarse, transparentarse y adaptarse a una economía moderna, gran parte del sindicalismo argentino mantiene lógicas de conducción vitalicia, manejo discrecional de recursos y fuerte injerencia política.
El contraste histórico ayuda a entender la dimensión del fenómeno. En la Europa feudal, los duques concentraban tierras, rentas y poder territorial. No eran elegidos por sus representados ni rendían cuentas periódicamente. Su autoridad se sostenía en la herencia, la estructura y la cercanía con el rey.
En la Argentina contemporánea, numerosos dirigentes sindicales acumulan décadas al frente de sus gremios, administran obras sociales multimillonarias, negocian convenios colectivos que impactan en sectores enteros de la economía y participan activamente en la política partidaria. La reelección indefinida, la falta de auditorías profundas y la opacidad financiera generan un esquema donde la alternancia es casi inexistente.
El punto central no es la existencia de sindicatos —instituciones fundamentales en cualquier democracia— sino la concentración de poder sin controles reales. En países desarrollados, los sistemas sindicales suelen tener límites estrictos a los mandatos, exigencias de transparencia financiera, auditorías externas y sanciones penales ante desvíos o corrupción. La administración irregular de fondos o el enriquecimiento injustificado derivan, sin excepciones, en investigaciones judiciales y condenas.
En la Argentina, en cambio, la connivencia histórica entre sindicalismo y poder político debilitó los mecanismos de control. La protección legislativa, la capacidad de presión callejera y la influencia electoral consolidaron una estructura difícil de reformar.
El resultado es una paradoja: mientras el trabajador formal pierde poder adquisitivo y el informal queda fuera del sistema, la dirigencia gremial mantiene recursos, influencia y estabilidad. El sindicalismo deja entonces de ser una herramienta dinámica de representación para convertirse en un actor estructural que preserva su posición dentro del esquema de poder.
El desafío de fondo no es eliminar sindicatos, sino modernizarlos, transparentarlos y devolverles legitimidad real. Sin controles, sin alternancia y sin rendición de cuentas, cualquier institución —sea política, empresarial o sindical— corre el riesgo de transformarse en un privilegio corporativo antes que en un instrumento de servicio público.