LA JUSTICIA IDENTIFICÓ LOS ALIAS DE LOS NARCOS QUE ORDENARON EL TRIPLE FEMICIDIO DE LARA, MORENA Y BRENDA
La Unidad Fiscal de Homicidios de La Matanza informó haber recibido un dato clave: los alias de los dos supuestos capos de la red que ordenó el crimen de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, ocurrido el 20 de septiembre en la localidad de Villa Vatteone, partido de Florencio Varela.
La información provino mediante colaboración de la policía de Trujillo (Perú), que activó su red de inteligencia en la zona donde opera la familia de Tony Janzen Valverde Victoriano —alias “Pequeño J”—, acusado de ser un gerente de la banda responsable del hecho.
Avances en la investigación
Los fiscales a cargo del caso —Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli— indicaron que esta nueva pista refuerza la hipótesis de que el crimen no fue diseñado exclusivamente por los imputados locales, sino que obedeció a un encargo de nivel superior vinculado al narcotráfico transnacional.
La causa ya tiene varios detenidos, pero la inclusión de estos alias permite identificar jerarquías superiores y podría acelerar la firma de las prisiones preventivas y la transferencia del expediente al fuero federal.
Qué se sabe hasta ahora del caso
Las tres jóvenes desaparecieron y luego fueron halladas muertas enterradas en una vivienda en Florencio Varela. Las pericias apuntan a que la motivación fue una venganza narco, luego de que una de las víctimas, según la hipótesis fiscal, habría robado a la organización de drogas.
Se registran órdenes de captura internacional contra tres presuntos responsables peruano-argentinos: Álex Ydone Castillo, David Morales Huamaní y Manuel Valverde Rodríguez.
Implicancias institucionales y sociales
El hallazgo de estos apodos y la vinculación con redes exteriores de narcotráfico demuestran la complejidad del caso: ya no es únicamente un crimen de víctimas vulnerables, sino la manifestación de una estructura criminal transnacional que opera en barrios vulnerables. Esto pone en evidencia los desafíos para la seguridad pública, la colaboración internacional y la capacidad del Estado de investigar y procesar redes globales.
Para las familias y la sociedad, el avance genera expectativas de que se haga justicia y se identifique a todos los responsables. Sin embargo, el traslado al fuero federal y la solicitud de medidas urgentes también evidencian la necesidad de transparencia institucional y refuerzos en las políticas de combate al narcotráfico.