MODERNIZACIÓN LABORAL: POR QUÉ NO ES UNA REFORMA, SINO UNA ACTUALIZACIÓN NECESARIA.
Argentina mantiene un régimen laboral que fue concebido bajo un modelo industrial cerrado, con fuerte intervención estatal y sindicatos de alta centralización. Ese marco funcionó —con matices— en una economía protegida, con baja competencia externa y empleo mayoritariamente formal.
El problema es que el mundo cambió. La economía es más dinámica, más tecnológica y más integrada globalmente. Sin embargo, la normativa local mantiene rigideces que encarecen la contratación, incentivan la informalidad y judicializan el vínculo laboral.
El resultado está a la vista: más del 40% de los trabajadores se desempeña en la informalidad y la pobreza laboral creció incluso en ciclos de expansión económica. Cuando el costo de contratar formalmente es imprevisible y alto, la consecuencia no es mayor protección, sino menor empleo registrado.
Desde una mirada técnica, la clave no es quitar derechos, sino diseñar reglas que permitan que más personas accedan a ellos. Una legislación que protege a quienes ya están dentro del sistema pero expulsa a quienes intentan ingresar termina ampliando la desigualdad.
QUÉ HACEN LOS PAÍSES QUE BAJARON LA POBREZA
Las experiencias más efectivas en reducción sostenida de pobreza combinan tres factores: flexibilidad laboral, seguridad jurídica y políticas sociales focalizadas.
Países como Irlanda, Países Bajos, Australia y Dinamarca avanzaron en esquemas laborales más flexibles, con sistemas de seguro de desempleo robustos y políticas activas de reinserción laboral.
En estos modelos, despedir no es imposible, pero el trabajador cuenta con cobertura transitoria y capacitación. La clave es que el foco está puesto en la empleabilidad y no en la inmovilidad del puesto.
La evidencia muestra que donde es más fácil contratar y más previsible desvincular, las empresas asumen menos riesgo y contratan más. Y donde el Estado concentra la asistencia en la transición laboral —y no en subsidios permanentes— la movilidad social es más alta.
LA RESISTENCIA
Todo proceso de modernización genera resistencias. En Argentina, el rechazo proviene principalmente de estructuras sindicales consolidadas y de sectores que construyeron poder en torno a la intermediación del conflicto laboral.
El sindicalismo tradicional pierde centralidad cuando el mercado laboral se descentraliza y se negocian condiciones a nivel de empresa o sector específico. También pierde capacidad de presión cuando disminuye la litigiosidad y se reducen los incentivos a judicializar cada vínculo laboral.
El asistencialismo permanente, por su parte, se debilita cuando el empleo formal crece y la dependencia de transferencias estatales disminuye. Un sistema que transforma planes en trabajo erosiona estructuras políticas que se apoyan en la administración discrecional de recursos.
No se trata de negar la función social de los sindicatos ni de la asistencia en contextos de crisis. Pero cuando esos instrumentos se convierten en fines en sí mismos y no en herramientas de transición, el resultado es estancamiento.
MODERNIZAR PARA INCLUIR
Argentina no enfrenta un dilema ideológico, sino estructural. Con una pobreza persistente y una informalidad elevada, sostener reglas que desalientan la creación de empleo formal equivale a perpetuar el problema.
Modernizar no es desproteger. Es actualizar un marco normativo para que más personas puedan acceder al trabajo registrado, con derechos reales y sostenibles.
La discusión de fondo no es si cambiar o no cambiar. Es si el país está dispuesto a dejar atrás un esquema que, pese a su intención protectora, terminó generando exclusión, informalidad y más pobreza.