REFORMA DE LA SIDE: LAS CLAVES DE LA REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA QUE DISPUSO MILEI POR DECRETO.

NUEVA SIDE

El presidente Javier Milei dispuso por decreto una reforma integral del sistema de inteligencia, que incluye cambios estructurales en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según detalla la nota, la decisión apunta a ordenar el funcionamiento del área, redefinir competencias y establecer límites claros a un organismo históricamente cuestionado.

La reestructuración introduce una reorganización interna del sistema, con el objetivo de concentrar la inteligencia en funciones estratégicas vinculadas a la seguridad nacional y la defensa del orden constitucional. El decreto busca evitar superposiciones, reducir discrecionalidades y fortalecer los mecanismos de control político e institucional.

El artículo señala que uno de los ejes centrales de la reforma es poner fin al uso de la inteligencia con fines políticos o partidarios, una práctica recurrente durante gobiernos anteriores, en particular bajo gestiones kirchneristas, donde el área fue señalada por espionaje interno, operaciones ilegales y falta de controles efectivos.

La nueva estructura establece criterios más estrictos sobre qué tipo de información puede ser recolectada y con qué objetivos, reforzando la prohibición de tareas de inteligencia sobre ciudadanos por razones políticas, ideológicas o de opinión. También se avanza en una delimitación más clara entre inteligencia estratégica, criminal e interior.

Otro punto relevante del decreto es la reorganización administrativa y funcional del organismo, orientada a mejorar la eficiencia, reducir opacidad y alinear el sistema con estándares democráticos. Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca profesionalizar la inteligencia y quitarle el carácter de herramienta de poder que tuvo en el pasado.

El decreto se inscribe en una política más amplia de reordenamiento del Estado, donde el Ejecutivo apunta a desarmar estructuras que, durante años, operaron sin controles claros y con fuerte injerencia política.

Con esta reforma, el Gobierno busca cerrar una etapa marcada por el uso discrecional del sistema de inteligencia y avanzar hacia un esquema más transparente, limitado por la ley y enfocado en amenazas reales a la seguridad nacional.